¿Por qué Estados Unidos tiene 11 veces más tiroteos masivos que otros países?
marzo 5, 2020
Mincultura apoya Tradición Oral para la Vida
julio 15, 2020

La masacre de El Salado

Por Comisión Colombiana de Juristas
Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU

Las exigencias de verdad, justicia y reparación siguen vigentes 20 años después. 93 campesinos y campesinas fueron asesinados a manos de grupos paramilitares que contaron con la colaboración, tanto por acción como por omisión, de la fuerza pública colombiana. Esta masacre, que ha sido calificada como una de las “más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia”, es una muestra del alcance del proyecto paramilitar en Colombia y de las atrocidades que han cometido estos grupos en contra de la población civil.

Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, cerca de 450 paramilitares, entre los que se cuenta la presunta participación directa de 25 Infantes de Marina, incursionaron en el corregimiento de El Salado, en jurisdicción del Carmen de Bolívar (Bolívar), cometiendo todo tipo de crímenes entre los que se cuentan homicidios, torturas, hurtos, tratos crueles inhumanos y degradantes y violencia sexual en contra de los habitantes de esta población y de otras pertenecientes a la región de los Montes de María. Así mismo provocaron el desplazamiento forzado de la totalidad de los habitantes de El Salado (4.000 personas aproximadamente) hacia el casco urbano del Carmen de Bolívar y otros municipios de la costa Caribe.

En desarrollo de la masacre los paramilitares asesinaron a 93 personas. El 18 de febrero en la cancha central del corregimiento de El Salado, 28 de ellas fueron públicamente asesinadas en frente de varios habitantes que fueron forzados a ver cómo asesinaban y torturaban a sus familiares, amigos y vecinos. Fue allí donde los paramilitares hicieron “sorteos” para determinar quién iba a ser asesinado y quién no, desmembraron personas, empalaron[1] a una mujer, y estrangularon a otra, entre varios innumerables actos de tortura. Todo lo anterior, en medio de un ambiente “festivo” impuesto por los paramilitares, quienes se embriagaron y escucharon música en desarrollo de la masacre, haciendo uso de los instrumentos musicales del pueblo y de equipos de sonido de las casas. Las demás personas fueron asesinadas en los alrededores del pueblo, donde estaban escondidos quienes se refugiaron en el monte ante la inminencia de la incursión, o en corregimientos aledaños por donde los paramilitares cercaron El Salado.

La violencia desatada contra las mujeres fue una marca característica de esta masacre. Muchas de ellas fueron señaladas de ser “novias de los guerrilleros” del frente 37 de las Farc, en ese entonces al mando del guerrillero alias “Martín Caballero”, lo cual condujo a que los paramilitares se ensañaran contra las mujeres de El Salado. Como consecuencia de estos señalamientos, y a manera de castigo por sus supuestos vínculos sentimentales con los guerrilleros, por lo menos dos mujeres fueron víctimas de violencia sexual y una más fue empalada. Otras fueron obligadas a cocinar para los paramilitares luego de los crímenes perpetrados en la cancha de futbol. Los hechos que hacen parte de lo que se denomina como la masacre de El Salado de 2000 comprenden los hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de febrero de ese año en los corregimientos de Canutal y Canutalito, en las veredas Bajo Grande, El Cielito, Pativaca y Flor del Monte en jurisdicción del municipio de Ovejas (Sucre); y en las veredas La Sierra y El Balguero, así como en el corregimiento de El Salado, en jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar).

El nivel de planeación de la masacre (que involucra a jefes de la cúpula paramilitar como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, pero también a miembros de la Infantería de Marina, entre los que se cuenta presuntamente al entonces Coronel Rodrigo Quiñónez, políticos y empresarios de la región de los Montes de María), así como los innumerables crímenes perpetrados en contra de la población civil cometidos con un desbordado nivel de sevicia, demostraron la existencia de una estructura poderosa compuesta por empresarios, paramilitares, políticos y militares, y su propósito deliberado de atacar y “castigar” a la población civil considerada por ellos como guerrillera. Pero los hechos de violencia de El Salado no se iniciaron ni se agotaron con la masacre de 2000.

Es necesario recordar la masacre de 1997, perpetrada también por grupos paramilitares, en la que fueron asesinadas cuatro personas, una más fue desaparecida y otras tres resultaron heridas, con la consecuencia del desplazamiento forzado de la totalidad de los habitantes del corregimiento (7.000 habitantes aproximadamente). Así mismo es necesario recordar el sobrevuelo de un helicóptero de la Fuerza Pública sobre El Salado, realizado el 23 de diciembre de 1999, mediante el que fueron lanzados volantes que anunciaban la masacre que ocurriría unos meses después, y en los que se invitaba a la desmovilización de guerrilleros y se les decía a los miembros de la comunidad de El Salado que disfrutaran de su “última navidad”. Luego de perpetrada la última masacre, las personas de El Salado han continuado siendo víctimas de amenazas, hostigamientos a líderes comunitarios, asesinatos, detenciones arbitrarias y otra serie de violaciones por parte de grupos paramilitares e integrantes de la fuerza pública, así como de grupos guerrilleros. Tan sólo han retornado a El Salado setecientas de las 4.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse luego de la segunda masacre, pues no hay condiciones que garanticen la seguridad en el corregimiento, debido a que desde 2004 se encuentra militarizado por la Infantería de Marina, lo cual ha puesto a la población en riesgo de ser víctima de ataques por parte de grupos guerrilleros y, adicionalmente, de ser víctimas de los abusos que comete la fuerza pública, la cual tiene responsabilidad en las masacres de 1997 y de 2000.

Los ataques en contra de los habitantes de El Salado no han cesado y se perpetúan con la impunidad en la que se encuentran los crímenes, así como con la falta de una reparación integral para las víctimas. El Estado colombiano no ha admitido su responsabilidad en la perpetración de la masacre y, hasta el momento, tan sólo 15 de los cerca de 450 paramilitares que participaron en la masacre han sido condenados, de los cuales sólo uno tenía calidad de jefe de uno de los grupos paramilitares que incursionó en El Salado. Se trata de John Henao, alias “H2”, quien adicionalmente no se encuentra cumpliendo la pena de prisión impuesta, pues se fugó de la cárcel en febrero de 2001. Otro de ellos fue asesinado el año pasado, por lo que en este momento tan solo 13 paramilitares se encuentran purgando efectivamente una condena por estos hechos. Por otra parte, solamente un miembro de la fuerza pública, el capitán Héctor Martín Pita Vásquez, entonces comandante de la Compañía Orca del Batallón Contraguerrillas n.° 31 de la Infantería de Marina, ha sido acusado penalmente por los hechos de la masacre de 2000, aun cuando existen evidencias que demostrarían la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública de más alto nivel, como el entonces coronel Rodrigo Quiñónez, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con jurisdicción en la región de los Montes de María.

Otras evidencias demuestran el movimiento deliberado de tropa el día anterior a la incursión hacia otras partes de la región, al parecer con la intención de dejar desprotegida a la población civil y permitir así la consumación de la masacre. Los mismos habitantes de El Salado aseguran que reconocieron en varios de los paramilitares que ingresaron al pueblo a perpetrar la masacre a infantes de marina que tradicionalmente hacían presencia en la región. Incluso, varios integrantes de la Infantería de Marina, en declaraciones ante autoridades judiciales, han admitido la connivencia de la Infantería de Marina con los grupos paramilitares antes, durante y después de la ejecución de la masacre. El hecho adicional del sobrevuelo de un avión “fantasma” el 17 de febrero de 2000 que disparó indiscriminadamente hacia el monte, donde se encontraba refugiada gran parte de la población que alcanzó a esconderse antes de la llegada de los paramilitares, es un indicio más que apunta a la responsabilidad directa de la fuerza pública en la perpetración de la masacre. Por otra parte, en el proceso especial de la ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, algunos paramilitares han admitido su responsabilidad en la masacre pero han tratado de minimizarla o justificarla al calificarla como una “operación militar” en la que supuestamente hubo “combates” con guerrilleros. La mayoría de ellos han negado la violencia sexual y las torturas, así como los “sorteos” y la “fiesta” que emprendieron al momento de perpetrar la masacre. Este escenario judicial, antes que convertirse en un espacio para la reconstrucción de la verdad, se ha convertido en un escenario de validación de la impunidad y de justificación de estos crímenes por parte de los paramilitares.

La impunidad en la que se encuentra este caso se hace latente no sólo con la ausencia de justicia, sino además con la pretensión del Estado colombiano y del Gobierno actual de silenciar los hechos violentos de El Salado. En efecto, a través del impulso de campañas mediáticas se ha puesto en el debate público el caso de El Salado, pero no con la finalidad de que se haga memoria sobre lo sucedido y se reconozca a las víctimas como sujetos de derechos, sino con la pretensión de imaginarse la tragedia sucedida, poner énfasis en el futuro, y mostrar a los habitantes de El Salado como personas que necesitan de la ayuda y solidaridad de los colombianos, tal como lo sugiere la campaña “imagínate”, lanzada por una cadena de radio nacional5 . Así, imaginándose cada cual la tragedia, no se tiene en cuenta la forma como ella efectivamente aconteció (con la participación del Estado, de paramilitares, de destacados políticos y de empresarios de la región), y no se reconoce a las víctimas como tales, que son por lo tanto titulares de derechos específicos cuya garantía y respeto es una obligación constitucional e internacional que recae principalmente en el Estado colombiano. Es el caso de la campaña de “reconstrucción de El Salado”, dentro de la que se plantea la reconstrucción del pueblo a través de distintas medidas, como la implementación de proyectos productivos de frutas y tabaco bajo la dirección de empresas privadas que permitirán la “generación de ingresos” para los habitantes de El Salado.

Pese a lo benévola y bien intencionada que en principio sea la propuesta, en el fondo de ella subyace la lógica de producción empresarial que, en últimas, beneficiará más a las empresas privadas involucradas en el proyecto que a los habitantes de El Salado, cuya tradición es la de la economía campesina. Esta campaña también prevé la reconstrucción del pueblo a partir de la inversión en obras de infraestructura, como la escuela, el puesto de salud, la remodelación de la iglesia, el mejoramiento de viviendas y el arreglo de la carretera que comunica a El Salado con el Carmen de Bolívar a partir de donaciones de la empresa privada. Esta iniciativa trivializa las obligaciones del Estado en materia social al trasladar la responsabilidad de la reconstrucción del corregimiento a la empresa privada y a los ciudadanos mediante el sugestivo eslogan: “Yo ya ayudé a la reconstrucción del El Salado. Y usted, ¿qué está haciendo por Colombia?”

La terminología utilizada para referirse a las obligaciones que el Estado colombiano tiene para con las víctimas de El Salado, refiriéndose a la “ayuda” que necesitan las víctimas, desconoce la dimensión del derecho a la reparación de los habitantes de El Salado debido a su condición de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad. Se las trata como si fueran damnificadas por un desastre natural, como un terremoto o la erupción de un volcán, y no como víctimas de crímenes cometidos por paramilitares y la fuerza pública, en connivencia con políticos y empresarios de la región, todo lo cual compromete la responsabilidad del Estado y origina un derecho de gran envergadura (a la verdad, la justicia y la reparación) y no una compasiva ayuda. En un corregimiento como El Salado, en donde la presencia del Estado en materia social ha sido históricamente escasa, y donde los efectos de la violencia han profundizado las condiciones de pobreza y destrucción debido al abandono total del pueblo por dos años, urge que el Estado adopte medidas efectivas tendientes a reparar a la comunidad, pero también a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Si bien no se discute la importancia de que los habitantes del Salado gocen efectivamente de derechos básicos en materia social, tampoco debería existir duda acerca de quién tiene la responsabilidad de hacerlos efectivos. Así mismo su garantía no debería estar orientada bajo un modelo de “progreso” y de “desarrollo”, como lo propone la campaña en mención, que resulta incomprensivo de la cultura desarrollada por los habitantes del Salado, quienes por lo demás se han destacado durante largo tiempo por su excelsa calidad en la producción artesanal de tabaco. Dentro de esta misma campaña también se hizo popular la denominada “pulsera de la reconciliación de El Salado”, que supuestamente representa “el símbolo de unión y reconciliación entre los colombianos”. Esta campaña, que tuvo amplia difusión en medios masivos de comunicación, desconoce la importancia de construir un futuro a partir del reconocimiento de la responsabilidad en los hechos de violencia, e intenta imponer en la conciencia de las víctimas y de la sociedad una reconciliación forzada sin que se parta del conocimiento de la verdad. Antes que hablar de reconciliación, las reivindicaciones de la sociedad en el caso de El Salado deberían estar dirigidas a las exigencias de verdad, justicia y reparación para las víctimas y a su reconocimiento como sujetos de derechos. La “pulsera de la reconciliación”, si bien expresa un noble sentimiento de solidaridad, se presta a la banalización de lo sucedido al poner el énfasis en el futuro, lo cual estaría muy bien, si no fuera porque no se presta atención a la necesidad de esclarecer judicialmente la verdad y establecer la responsabilidad de todos aquellos que participaron en la masacre, es decir, miembros de la fuerza pública, políticos, empresarios y jefes de la cúpula paramilitar.

Es claro que la reconciliación es un objetivo fundamental para lograr la paz. Sin embargo, para que sea genuina, la reconciliación debe estar basada en la garantía de los derechos de las víctimas y en la decisión personal de estas últimas de perdonar y reconciliarse con sus victimarios. En palabras de las víctimas de El Salado: “El perdón es un proceso personal. Es una facultad personal de cuando se sienta que se debe realizar. Es un acto privado”


[1] Empalar: El empalamiento es un mecanismo de tortura que consiste en introducir un palo o un hasta por el orificio anal o vaginal de la víctima, y atravesarlo por el cuerpo hasta que salga por la boca.