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Sicariato y Criminalidad en Colombia

Por Alexander Montoya Prada

Sociólogo, especialista en Comunicación y estudios culturales de la Universidad de Valle

En Colombia el uso de la palabra sicario se generalizó con el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. No obstante, el sicariato operaba en la década de 1970 para narcotraficantes, esmeralderos y terratenientes, incluyendo algunos “pájaros”, matones a sueldo que actuaron durante la Violencia, el período de conflicto bipartidista de mediados del siglo XX. A Griselda Blanco, la “Reina de la Coca”, se le atribuye el inicio en el país de la modalidad de sicarios motorizados, pero es el Cartel de Medellín quien los consolida, con el entrenamiento brindado en algunas escuelas ubicadas en la ciudad y sus cercanías. Con la instrucción del israelí Isaac Guttnan Esternbergef se especializaron en hurto, conducción y acondicionamiento de automóviles y motocicletas, manejo de armas, tiro al blanco, maniobras de seguimiento y vigilancia (Castillo, 1987: 193). Las primeras bandas asociadas con el Cartel de Medellín fueron “Los Guantes Blancos”, “Los Magníficos”, “Los Quesitos” y “Los Priscos”. La banda de “Los Priscos” era la guardia pretoriana de Pablo Escobar, y la dirigían cinco hermanos; operaban desde el barrio Aranjuez de Medellín, un sector donde los únicos que patrullaban eran los militares de la IV Brigada.

A finales de la década de 1980, en plena época de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, David Ricardo Prisco Lopera reclutó a más de 300 hombres para realizar secuestros, atentados terroristas y asesinatos. Asimismo, entre los sicarios más reconocidos se encuentra John Jairo Arias Tascón “Pinina”, un niño pobre de los barrios marginales de Medellín, ladrón a los 12, pandillero a los 14 y sicario a los 15. Entrenado en las escuelas del Cartel, reclutaba con facilidad gracias a su conocimiento de las comunas. Esa capacidad le permitió organizar el asesinato de Lara Bonilla, ser el enviado de Escobar a desatar la guerra con el Cartel de Cali y luego instalar carrobombas en diferentes lugares del país, que mataron a 262 civiles. Además se le atribuyó el asesinato de 129 policías en Medellín. “Pinina” fue dado de baja en 1990, a sus 29 años. Escobar pagaba en 1990 USD 3.500 por un policía uniformado, USD 8.800 por uno de civil y USD 880.000 por un general. Los acusaba de ser “sicarios oficiales” que tenían grupos de limpieza. Algunos sectores de la Policía al parecer realizaron este tipo de acciones, ante la inoperancia de la justicia que dejaba libres a los sicarios. Encapuchados armados con mini-ingram iniciaron recorridos por las zonas donde vivían los sicarios. Acribillaban en especial a jóvenes, entre 16 y 30 años, algunos de ellos estudiantes, trabajadores y habitantes inocentes. Este era parte del tratamiento policial que se le daba al sicariato en el contexto de guerra a muerte entre el Gobierno y el narcotráfico, sin que mostrara resultados en la reducción de la violencia (Ortiz, 1991: 72).

Escobar confrontó al Estado con bombas, secuestros y el asesinato de personajes públicos; desde aquellos que lo perseguían, como ministros, jueces y policías, hasta candidatos residenciales y familiares de políticos reconocidos. Estos actos eran la forma de presionar la negociación con el Estado, en la búsqueda de pasar de ser un delincuente común, durante la presidencia de Betancur (1982-1986), a su autorepresentación como un combatiente rebelde con Barco (1986-1990) (Orozco, 1991: 31-32). Este intento se logró parcialmente con Gaviria (1990-1994), a partir de la entrega de Escobar y sus lugartenientes en 1991, tras garantizarle el gobierno un trato jurídico especial, pero se desdibujó con su fuga, a pesar de intentos como el de enero de 1993, cuando anunciaba la creación del grupo armado “Antioquia Rebelde”.

La organización de Pablo Escobar se debilitó tras su fuga de la cárcel en julio de 1992, debido al cerco de las autoridades y “Los Pepes”, perseguidos por Pablo Escobar, que detuvieron y eliminaron a sus hombres de confianza, de manera que recurrió a novatos y oficinas de cobro (Duncan, 2005: 18-19). Estos venían de las bandas barriales compuestas por 20 pandilleros, de los cuales dos o tres se contactaban con “las oficinas” y uno se convertía en un sicario de importancia. Los demás se dedicaban a trabajar por cuenta propia, improvisando y buscando mejores oportunidades, en muchos casos parados en las calles de Bello, en el sector de Guayaquil o en el Barrio Antioquia, como si fueran músicos o prostitutas a la espera de maridos celosos o comerciantes estafados.

En 1990 con el cerco a Pablo Escobar, el miedo de los intermediarios y la organización infiltrada por los organismos de seguridad, más de 3.000 sicarios se encontraban desempleados. Esto motivó una reunión en el municipio de La Estrella (Antioquia) entre John Jairo Velásquez “Popeye”, mano derecha de Escobar, y los jefes de algunas de las 300 bandas que operaban en Medellín y se dedicaban al secuestro, robo de carros, residencias, bancos y al atraco callejero. El mensaje de Escobar era que seguiría subvencionando a las bandas mientras pasaban las dificultades. No obstante, con la muerte de “Los Priscos” en 1991, y la ausencia de un control hegemónico, aumentaron las masacres entre bandas de trayectoria y grupos emergentes. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, disminuyeron los homicidios en Medellín, pero se incrementó el hurto de vehículos y los robos a entidades financieras se cuadruplicaron. Además proliferaron los capos, traquetos y sicarios, ante la posibilidad de un rápido ascenso en las estructuras de las pequeñas y medianas organizaciones criminales.

La Oficina de Envigado y La Terraza eran utilizadas por Escobar en labores de control, fiscalización y cobro de un porcentaje de sus ganancias a narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas y asaltantes de bancos. La Oficina de Envigado estaba a cargo de los hermanos Moncada y Galeano, que en 1992 fueron asesinados por Escobar bajo la sospecha de robarle 20 millones de dólares.

Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, que venía de la guerrilla del EPL y era el jefe de seguridad de Fernando Galeano, formó parte de “Los Pepes”, para aniquilar al capo y sus hombres. Tras la muerte de Escobar y con el dominio de la oficina, “Don Berna” se convirtió en el nuevo hombre fuerte de Medellín, sirviendo de árbitro en el negocio del narcotráfico y recibiendo el 30% de todo asalto, robo o asesinato cometido en la ciudad, que sólo se realizaban bajo su consentimiento. En el 2000 se desplazó al Valle del Sinú y se convirtió en el comandante paramilitar “Adolfo Paz”, incluyendo a La Terraza y la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara, con el que se desmovilizó en 2003. En la actualidad, la Oficina de Envigado es una organización que opera con más de 360 combos y funciona como un holding que protege rutas del narcotráfico, más de 3.000 expendios de drogas que producen USD 5.3 millones mensualmente, la extorsión a trasportadores de 4.600 buses por USD 160 mil, las máquinas tragamonedas USD 2.6 millones, pagos de seguridad, desde comerciantes ambulantes hasta grandes almacenes e incluso el manejo de desechos tóxicos.

Después de la extradición de “Don Berna” en 2008, se generó una fuerte confrontación por el control de la oficina, en la que se involucran jefes paramilitares y narcotraficantes. En el caso de La Terraza, también quedó bajo las órdenes de los Castaño y de “Don Berna” para enfrentarse a Escobar. Entre las acciones realizadas al servicio del paramilitarismo se destacan el secuestro de la senadora Piedad Córdoba (1999), el asesinato de los investigadores del CINEP, Elsa Alvarado y Mario Calderón (1997), del periodista Jaime Garzón (1999), del profesor Hernán Henao (1999) y de los defensores de derechos humanos, Jesús María Ovalle (1998) y Eduardo Umaña Mendoza (1998). No obstante, la relación con los paramilitares se debilitó con el asesinato, en el 2000, de varios miembros de La Terraza a manos de Carlos Castaño, acusados de ser delincuentes comunes, cuando la lucha de los paramilitares era política y contra la subversión. En la actualidad, la banda opera con un grupo de hombres que hacen los contactos con los más de 250 combos de Medellín que cuentan, entre otros, con sicarios, apartamenteros y ladrones de carros.

En 1989 existían en Medellín 300 bandas que se redujeron a 20 en 1993, dedicándose a la delincuencia común y en algunos casos, a trabajar con el narcotráfico. Gran parte de las bandas desparecieron y otras se integraron a las milicias de las FARC y el ELN. La presencia de las milicias populares en Medellín se afianzó tras la rendición de los capos del Cartel de Medellín, en 1991, actuando con cerca de 8.000 hombres que buscaban exterminar a drogadictos, ladrones, expendedores de drogas y sicarios (Pérez, 2007: 347). A estos últimos, distribuidos en 60 bandas y con más de 3.000 hombres, les daban primero la oportunidad de retirarse de la zona o dedicarse a labores que no atentaran contra la seguridad y la tranquilidad. En 1997 operaba en Medellín, el Bloque Popular Miliciano con seis organizaciones cercanas a las FARC y tres al ELN, dedicadas a la extorsión y el asesinato de delincuentes, además de 80 bandas de sicarios, ladrones de carros, secuestradores, el Frente Armado Anticomunista y los narcotraficantes.

Este era el escenario en que, tres años después, el frente José María Córdoba y los paramilitares, en un intento de urbanizar la guerra, pretendían el reclutamiento de 8.600 sicarios, los mismos que cada 3 horas mataban a una persona en Medellín y a los que les ofrecían dinero, armas e incluso estufas de cocina. A finales de la década de 1990 “Don Berna” aniquiló a las milicias del ELN y las FARC, expulsó a Carlos Castaño de la comandancia de las AUC, por su oposición a la relación entre narcotraficantes y paramilitares, además de controlar la cárcel de Bellavista, donde se cometían hasta 50 homicidios en una semana, y que llegó a pasar dos años sin un muerto (Montoya, 2002: 150-153). Las autoridades asignaban la disminución de la mortalidad en Medellín a la acción policial y a los programas sociales y de convivencia. Algunos sumaban el control territorial de “Don Berna”, en lo que se llegó a denominar la “donbernabilidad”.

El Cartel de Cali concentró sus esfuerzos en infiltrarse en el comercio, la política y los medios, conservado un bajo perfil. El Bloque de Búsqueda, que se formó en su persecución durante 1994, tenía menos armas y más computadores para rastrear propiedades y rutas de dinero. Su estructura tenía cuatro divisiones: narcotráfico, política, militar y financiera. La militar incluía sicarios, inteligencia, guardaespaldas y vigilancia, además de los policías y militares al servicio del Cartel, que se calculaba eran el 30% del pie de fuerza de Cali. Este carácter de empresa se afirmó con Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”, uno de los miembros de su última generación, que al ser capturado en 2007 tenía en su computador la contabilidad de rutas, embarques, caletas, sobornos, inversiones, gastos personales y pagos de sicarios, como la relación de USD 1.3 millones pagados por el homicidio de 82 personas, entre febrero de 2004 y marzo de 2006.

El Cartel del Norte del Valle se fortalece al tiempo que el de Cali se debilita, a mediados de la década de 1990, con la muerte o captura de la mayoría de sus miembros. El Norte llegó a controlar más del 50% de la producción de cocaína del país, con un promedio de 300 toneladas al año. Con el nuevo siglo se enfrentaron dos de su miembros, Diego Montoya, “Don Diego” y Wilber Varela, “Jabón”, creando respectivamente a “Los Machos” y “Los Rastrojos”, que llegaron a superar los 1.000 hombres y que produjeron al menos 2.000 muertes, entre 2003 y 2008. Además, “Don Diego” contaba con “Los Yiyos”, que cumplían labores sicariales en Cali, y con tres grupos más distribuidos en el departamento del Valle, encargados de ejecuciones y de custodiar los cargamentos de cocaína y de insumos químicos.

Al final de 2003 la Policía consideraba que 662 de los 2.111 asesinatos cometidos en Cali eran producto de este enfrentamiento. En este escenario, el diario El País le pidió al presidente Uribe que interviniera, y el mandatario ordenó a la Policía la reactivación del Bloque de Búsqueda y solicitó a la Fiscalía el apoyo con medidas judiciales que dieran resultados, derivando en el desmantelamiento de “Los Yiyos”.

Sin embargo, en el Cañón del Garrapatas, un espacio que brinda la salida de cocaína al pacífico, por el occidente del Valle, los enfrentamientos entre “Los Rastrojos” y “Los Machos” dejaban al menos 600 muertos en 2004, aunque en este proceso los primeros se autonombraron Rondas Campesinas Populares (RCP) y los segundos Autodefensas Unidas Campesinas del Valle (AUV), para no presentarse como simples bandas de sicarios. En Colombia los grandes Carteles tenían grupos organizados, pero dentro de las medianas y pequeñas organizaciones que surgieron después, se dio el uso de las oficinas de cobro. En 1996 en el Valle del Cauca se reconocía la existencia de oficinas de sicarios como empresas con organigramas, distribución de funciones y venta de servicios. Estas se camuflaban en salones de belleza, panaderías, compraventas, concesionarios de automóviles y almacenes de electrodomésticos. En 1999 se calculaban cerca de 50 en Cali, formadas por pistoleros que hicieron parte del Cartel de Cali y jóvenes entre los 15 y 25 años. Utilizaban sicarios externos si el negocio era de poca monta. Los automóviles con los que realizaban los trabajos eran robados o sacados de concesionarios, donde eran devueltos tras el operativo. Sus precios oscilaban entre 1.000 y 160.000 dólares, pero se dedicaban a la extorsión a comerciantes e industriales cuando la demanda era baja.

En Cali, la oficina de “Tres Puntillas” es conocida de esta forma porque dejan como firma tres puntillas clavadas en el cráneo de las víctimas, aunque también descuartizan los cadáveres, los lanzan a los ríos o los desintegran en ácido cuando es necesario. La organización fue creada por los nuevos capos del Cartel de Cali en 1999 y heredada por “Jabón”. La banda opera en el Valle, eje cafetero y Bogotá, pero también realizan trabajos en México, Estados Unidos, España, Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá. La encabeza un ex-policía que tiene una red de informantes en organismos de seguridad, que les suministran información privilegiada y la garantía de que la fuerza pública esté lejos de la escena del crimen. Los sicarios tienen ingresos de hasta 2.200 dólares dependiendo de la víctima, además de salud, riesgos profesionales y viajes a centros vacacionales.

En 1985, con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, se proclamaba la existencia de “fábricas de sicarios”. Algunos formados en las escuelas de Medellín, se perfeccionaron con un veterano de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en la fabricación de bombas, y con Yair Klein, un mercenario israelí que perteneció a los grupos especiales de asalto en su país. Tras retirarse del ejército creó Hod Halanit, una empresa de seguridad. Llegó en 1988 a trabajar para Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, y los ganaderos de ACDEGAM, asediados por la guerrilla.

Entrenó a sus hombres en manejo de explosivos, tácticas de asalto y técnicas de asesinato, bajo el modelo inglés y alemán, e incluía la directriz de exterminar al enemigo de raíz, disparando ante cualquier sospecha. En 1988 el jefe paramilitar, Fidel Castaño ofrecía: “por el trabajo que van a hacer, recibirán una paga de 150 mil pesos mensuales y una bonificación de 200 mil pesos por cada h.p. guerrillero y campesino torcido que maten” (Semana, et. al., 1993).

De esta manera, el pago y la bonificación por el asesinato aproximan a los paramilitares al sicariato. Si bien parte de los individuos que engrosan estas organizaciones lo hacen fundamentalmente porque fueron víctimas de los subversivos o por defender la lucha contraguerrillera, otros ingresan como una forma de sobrevivir en términos económicos.

La diferencia entre paramilitar y sicario es difusa, en la medida en que no se utiliza en Colombia la palabra mercenario, que puede tener un sentido más adecuado, al referirse a la incorporación a una organización armada de forma temporal o permanente, pero más prolongada que los servicios del sicario, que establece una relación contractual en un momento específico, por un homicidio particular. Carlos Castaño consideraba en 1996 que los sicarios no tenían principios, ni arraigada lucha alguna y se movían como una veleta, de allí que fuera tan peligrosa la infiltración del narcotráfico en las autodefensas.

Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron la mayoría de las autodefensas. Esto le permitió a la banda de sicarios de “Los Triana” su incorporación a los Bloques Mineros y Héroes de Granada de las AUC, comandadas por “Don Berna”. Los hermanos Castaño vendieron el Bloque Arauca a los “Mellizos” Mejía Múnera, señalados narcotraficantes y “Don Diego” trató de comprar un bloque para incluir a “Los Machos”. Entre los narcos y sicarios que lograron pasar como paramilitares está el Bloque Central Bolívar, liderado por Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, con más de 5.000 hombres, considerados tiempo después, por su mismo líder, como sicarios que nunca combatieron contra la guerrilla.

De los grupos que se desmovilizaron, algunos se reagruparon para transformarse en unidades sicariales que hoy buscan controlar poblaciones y entidades públicas. En 1991 las autoridades negaban la existencia de organizaciones de sicarios en Bogotá, pero tres años más tarde reconocían su presencia. En 2001 ya era evidente la existencia de bandas como la de “Los Boyacos”, que operaban a tres calles del Palacio de Nariño, en la calle del Cartucho. En 2005, y tras la desmovilización del Bloque Capital de las Autodefensas, se produjo un enfrentamiento entre los grupos de sicarios de “Jorge Pirata” y “Martín Llanos” y la ocupación de los espacios dejados por el Bloque. De igual forma, habían gatilleros en Cazucá, al sur de la ciudad, que siguieron sus labores luego de trabajar para el Bloque Capital, asesinando a personas acusadas de ser colaboradoras de las FARC y milicianos. De los 156 homicidios ocurridos en Soacha en 2007, la Policía los acusaba del 85%. En 2009 operaba la oficina de Suba, un reducto del Bloque Capital, bajo el control del “Loco” Barrera, con 2000 hombres entre sicarios y pandilleros, que dividió la ciudad en dos, a partir de la calle 72 y con satélites en Soacha y Bosa.