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La trata de personas durante el COVID-19

La pandemia por COVID-19 está poniendo al mundo bajo una enorme presión y está afectando la vida de todas las personas. Las medidas para aplanar la curva de infección incluyen cuarentena forzosa, toques de queda y confinamiento, restricciones para viajar y limitaciones a actividades económicas y vida pública sin precedentes. Si bien a primera vista estas medidas de control, junto con el aumento de la presencia policial en las fronteras y calles, parecen disuadir la delincuencia, también pueden contribuir a que ésta sea más clandestina. En el delito de trata de personas, los delincuentes están ajustando sus modelos de negocios a la “nueva normalidad” creada a partir de la pandemia, especialmente mediante el uso indebido de nuevas tecnologías.

Al mismo tiempo, el COVID-19 tiene un impacto en la capacidad de autoridades estatales y organizaciones (ONG) en la provisión de servicios esenciales a las víctimas. Más importante aún, es que la pandemia ha agravado y puesto en primer plano las desigualdades económicas y sociales sistémicas que se encuentran entre las causas subyacentes de la trata de personas. La identificación de víctimas de trata de personas es difícil, incluso en circunstancias normales. Los principales motivos incluyen el hecho de que las víctimas suelen ser explotadas en entornos ilegales, informales o no regulados (por ejemplo, delitos menores, la industria del sexo, el ámbito doméstico, el cultivo y tráfico de drogas, la agricultura y la construcción); la capacidad del crimen organizado para ocultar sus operaciones, la falta de voluntad de las víctimas de denunciar o su incapacidad para hacerlo; y la limitada capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectarlo.

Existe el temor de que el COVID-19 dificulte aún más la identificación de las víctimas, además de que son personas que pueden estar más expuestas a contraer el virus, menos equipadas para prevenirlo y tienen menor acceso a servicios de salud para su recuperación. Las operaciones esenciales y acciones de apoyo a las víctimas se están convirtiendo en un reto debido a que los países han ajustado sus prioridades. Los aumentos en los niveles de desempleo y la reducción de los ingresos, especialmente para aquellas personas que perciben los salarios más bajos y/o que pertenecen a sectores informales, implican que un número significativo de personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, vivan en circunstancias aún más precarias. Desde la industria textil, la agricultura y la ganadería, hasta la manufactura y el trabajo doméstico, millones de personas que vivían en condiciones de mera subsistencia han perdido sus salarios. Quienes siguen trabajando en estos sectores, en los que se detecta continuamente la trata de personas, pueden enfrentar también una mayor explotación por causa de la reducción de los costos de producción, las dificultades económicas y escasez de controles.

Las ONG que trabajan con UNODC señalan que un porcentaje significativo de sus beneficiarios ha perdido sus fuentes de ingreso y de acceso a alimentos debido a las medidas relacionadas con la pandemia. Sus reportes indican que los prestamistas informales prometen préstamos con bajos intereses, lo que aumenta la posibilidad de caer en servidumbre por deudas. Esto significa que algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad están ahora en mayor riesgo de ser explotadas al buscar asegurar sus medios. Los niños y niñas corren un alto riesgo de explotación, especialmente porque el cierre de escuelas no sólo ha dificultado el acceso a la educación, sino porque éstas eran también una fuente de refugio y alimentación. En algunos países, muchas niñas y niños se ven forzados a salir a las calles en busca de alimentos e ingresos, lo que aumenta su riesgo de infección y explotación.

En Senegal, UNODC presta apoyo al Gobierno en una operación que busca identificar a miles de niñas y niños en situación de calle y aquellos que estudiaban en internados religiosos. Estos a menudo son víctimas de explotación y actualmente se encuentran en una situación de mayor riesgo. UNODC apoyará el retorno con sus familias o su reubicación en albergues. Debido al cierre de las escuelas, muchas niñas y niños pasan largo tiempo en internet para aprender y socializar. Esto puede hacerles más vulnerables a los depredadores sexuales en línea. Grupos de defensa de los derechos de la infancia, el funcionariado encargado de hacer cumplir la ley y organizaciones internacionales han informado de una mayor demanda de material relacionado con el abuso sexual en línea y los riesgos de captación de menores de edad en la red. Para las víctimas que se encuentran recluidas con sus tratantes, las medidas para combatir el COVID-19 pueden empeorar su desesperada situación.

El incremento en los niveles de violencia doméstica reportados por muchos países es un indicador preocupante de las condiciones de vida de muchas de las víctimas de trata de personas, especialmente de aquellas en condiciones de servidumbre doméstica o esclavitud sexual, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. En un entorno donde las prioridades y las acciones están orientadas a limitar la propagación del virus, resulta más fácil para los tratantes esconder sus operaciones, invisibilizando aún más a las víctimas. La identificación de las víctimas y su posterior remisión a servicios de protección pueden volverse más complicados. Además, las ONG que vigilan las detenciones de las personas privadas de la libertad y personas migrantes deben ajustar sus actividades debido a las medidas relacionadas con la pandemia, lo que ocasiona que las víctimas detenidas puedan no ser identificadas. La restricción o monitoreo de los movimientos es una característica común de la trata de personas.

El distanciamiento social y el confinamiento podrían reforzar el aislamiento de las víctimas y reducir drásticamente cualquier oportunidad de ser identificadas y extraídas de su contexto de explotación. Durante la pandemia, existen obstáculos adicionales para acceder a la asistencia y el apoyo por las reglas de confinamiento en casa y el cierre de las ONG y oficinas de gobierno. El aislamiento y el distanciamiento pueden agravar los problemas de salud mental y dificultar el acceso a las redes de apoyo informales. Con la reducción de los servicios gubernamentales y los cambios en la forma de administración, la identificación de las víctimas que ya estaban o apoyadas por los servicios comunitarios o de gobierno puede enfrentar desafíos. Por ejemplo, las víctimas a quienes se les han proporcionado permisos temporales de migración o servicios de duración limitada vinculados a su condición de víctimas, no pueden renovarlos fácilmente. Esta situación puede empeorar si se cierran las fronteras y las repatriaciones no pueden llevarse a cabo, cuando los permisos de residencia y el acceso a servicios sanitarios y sociales ya hayan expirado. Como una medida prometedora, algunos países han extendido automáticamente todas las visas temporales y transitorias, mientras que otros han suspendido las multas por estancia no autorizada o ampliado la cobertura médica de cualquier persona en su territorio esperando una decisión administrativa sobre su estatus.

Las medidas del COVID-19 pueden afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos de personas en riesgo de explotación. Personas migrantes irregulares y trabajadores temporales enfrentan condiciones laborales y de vida más precarias, dando lugar a una mayor vulnerabilidad ante las redes delictivas. Existe preocupación por el hecho de que las personas que trabajan en la industria del sexo y del trabajo doméstico sean más vulnerables a la explotación cuando aumentan los riesgos para la salud y la exposición al COVID-19. Los mecanismos esenciales para la identificación y acceso de las víctimas de trata a los derechos, se ven afectados por el retraso o no funcionamiento. En consecuencia, la identificación de las víctimas y su posterior referencia a servicios de protección se dificulta. El asesoramiento en persona, la representación y la ayuda, incluida la asistencia legal, son reducidas al mínimo o están sujetos a tiempos de espera y retrasos. Las consultas, cuando posible, se ofrecen en línea, lo que puede implicar nuevas barreras para acceder a servicios de apoyo. Las organizaciones de la sociedad civil han emitido alertas sobre la negación del acceso a refugios a las víctimas de trata por causa del COVID-19. Algunos han tenido que cerrar sus puertas debido a contagios y otros han suspendido parcialmente sus servicios. La falta de vivienda, servicios de salud, jurídicos y otros, pueden aumentar la vulnerabilidad, tanto de reincidir, como de contagiarse de COVID-19. Algunos países han desarrollado prácticas promisorias que permiten a las víctimas de trata permanecer en alojamientos seguros financiados por el gobierno durante la crisis.

Las restricciones al movimiento, el cierre de fronteras y el aumento de la presencia y los controles policiales en las calles parecen haber dado lugar a una reducción de ciertos tipos de crímenes en muchos países. Sin embargo, la delincuencia organizada regularmente se adapta a las circunstancias cambiantes. En la era del COVID-19, muchas actividades delictivas se están realizando en línea, aprovechando que las personas pasan más tiempo conectadas desde casa, o se están volviendo más clandestinas. La detección e investigación del crimen es más demandante, y las víctimas se vuelven menos visibles para las autoridades. Los servicios que se dan a través de internet, tales como las líneas de atención telefónica y de emergencia, suelen ser la única opción posible para las víctimas en las circunstancias actuales. Sin embargo, esta modalidad no es factible en muchas partes del mundo que carecen de infraestructura. Incluso en los casos en que es posible, los proveedores de servicios pueden no estar equipados para hacer frente al aumento repentino en la demanda, mientras que las víctimas pueden ver obstaculizado el acceso a los medios de comunicación. Los servicios considerados no esenciales también pueden verse afectados, incluidas las inspecciones policiales y laborales. Los gobiernos están reasignando recursos para combatir la pandemia y la policía desempeña nuevas tareas para hacer cumplir el confinamiento y el distanciamiento social, lo que afecta su capacidad normal de operación. Bajo estas condiciones, existe un peligro inminente de que la investigación de trata de personas pase a tener menor prioridad y se reduzcan las inspecciones preventivas de sitios y casos sospechosos. Lo anterior puede influir en los arrestos, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas, lo que da lugar a un clima de impunidad, en el que los tratantes pueden operar con un riesgo aún menor de detección y condena. Los sistemas de justicia están ofreciendo servicios limitados. La resolución de casos, incluidas las indemnizaciones, pueden interrumpirse y retrasar la justicia para las víctimas. Los plazos de presentación ante los tribunales pueden incumplirse, o puede no ser posible la recolección de pruebas, lo que repercute en los procesos judiciales y de investigación. La capacidad de cumplir los plazos de prescripción también puede verse afectada y crear retos adicionales para quienes proporcionan servicios de asistencia legal.

El acceso a la información o a los servicios de traducción e interpretación para las víctimas de trata se está convirtiendo en un desafío, pues los servicios están reducidos al mínimo. Las restricciones relacionadas con la pandemia pueden afectar negativamente la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para cooperar a nivel internacional. Muchas fronteras están cerradas y los canales regulares de comunicación se están interrumpiendo debido a las restricciones de movimiento y el desplazamiento de la atención para fines relacionados con la salud pública al interior de los países. El funcionariado encargado de hacer cumplir la ley y los proveedores de servicios también pueden enfrentarse a la carencia de equipo de protección básico y encarar infecciones al tratar directamente con personas en situación de vulnerabilidad que viven en condiciones precarias. A petición de la unidad policial de combate contra la trata de personas en Jordania, la UNODC apoyó una respuesta coordinada de agencias nacionales e internacionales para proporcionar material sanitario, equipo de protección, botiquines médicos y tests de COVID-19 para primeros respondientes. La unidad transnacional de combate al crimen organizado en Costa de Marfil solicitó un apoyo similar. La UNODC proporcionará asistencia también a los refugios para víctimas de trata en el país con el fin de adquirir equipo de protección y botiquines médicos para quienes viven en los refugios y quienes trabajan en las ONG- En un esfuerzo por detener la propagación global del COVID-19 y salvar vidas, estrictas medidas de control han sido aplicadas en muchos países a una escala que no se había visto antes en tiempos de paz. Al combatir la pandemia, no debemos pasar por alto los riesgos reales y concretos que esta situación sin precedentes genera para grupos e individuos en situación de vulnerabilidad, que no siempre son visibles en nuestras sociedades. Es necesario considerar que la mitigación de las repercusiones económicas de la pandemia no debe y ni puede excluir a aquellas personas desfavorecidas y menos privilegiadas.

La recuperación de la pandemia ofrece una oportunidad única para examinar las desigualdades arraigadas en nuestros modelos de desarrollo económico que alimentan la marginación, la violencia por causa de género, la explotación y la trata de personas. La trata de personas es el resultado del fracaso de nuestras sociedades en la protección de quienes son más vulnerables y de hacer valer los derechos en el marco de las leyes nacionales.

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Investigación realizada por la O­ficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC